Tribunales adaptados para las víctimas

Según la Encuesta de Violencia contra Niñas, Niños y Jóvenes en Zimbabue de 2017, el 9,1 % de las niñas y el 1,1 % de los niños experimentaron violencia sexual en la infancia. De entre ellas, solo el 14,3 % de las niñas recibió alguna vez ayuda por un incidente de violencia sexual [1]. 

Como en la mayoría de los contextos, la violencia sexual en la infancia en Zimbabue suele ser perpetrada por personas cercanas a la niña o al niño, a menudo un familiar o figura de confianza masculino. Entre las niñas que sufrieron violencia sexual en la infancia, las personas perpetradoras más comunes del primer incidente fueron parejas íntimas masculinas (55,7 %), seguidos por familiares varones (13,5 %) [1]. 

Los tribunales adaptados para las víctimas se establecieron a finales de los años noventa y se formalizó en 2002 para abordar los desafíos que enfrentan las infancias en el sistema judicial. Su objetivo es ofrecer un enfoque multisectorial y centrado en la persona sobreviviente para el manejo del abuso sexual en la infancia, particularmente aquellos perpetrados por personas de la familia.

[1] Hubo muy pocos casos de violencia sexual en la infancia entre niños varones para informar una estimación estable sobre el acceso a servicios o personas perpetradoras.

Qué es y cómo funciona

Hay 22 tribunales adaptados para víctimas en Zimbabue. Los tribunales cuentan con infraestructuras legales especializadas y protocolos diseñados para reducir la revictimización y mejorar el acceso a la justicia para  víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, especialmente en la infancia. Ofrecen servicios y realizan actividades de concientización, incluida la formación del personal para brindar apoyo adaptado a las infancias que han sido víctimas de abuso sexual por parte de alguien de su familia. Entre los elementos centrales del programa se encuentran:

• Acompañamiento en los procesos judiciales: El personal de apoyo guía a las víctimas y sobrevivientes durante los complejos procesos legales [3].
• Entornos sensibles a la infancia: Salas y áreas de espera separadas para testigos vulnerables. Uso de televisión en circuito cerrado para que las víctimas y sobrevivientes puedan evitar una posible retraumatización al tener que enfrentarse a las personas perpetradoras en el tribunal [3].
• Capacitación especializada: Representantes judiciales, cuerpos de seguridad y personal de apoyo reciben capacitación para tratar los casos con sensibilidad y profesionalismo [3].
• Servicios integrados: Alianzas con profesionales de trabajo social y psicología quienes brindan apoyo integral a las víctimas durante todo el proceso judicial [4].

Evaluación y resultados del programa

Una evaluación intermedia con métodos mixtos realizada en 2014 por Save the Children evaluó el programa mediante entrevistas con actores clave de los sectores judicial, sanitario, educativo y de servicios sociales, grupos focales con niñas y niños y sus personas cuidadoras, revisión de datos judiciales, y observaciones en salas de audiencias [4]. La evaluación halló lo siguiente:

En 2018, investigadores realizaron un estudio de caso con métodos mixtos [2] mediante una encuesta semiestructurada entre 25 profesionales de 13 agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que colaboraron en la implementación de los tribunales en el distrito de Marondera, así como entrevistas semiestructuradas con 15 niñas y niños sobrevivientes, sus cuidadores y personas que trabajan en protección infantil comunitaria. El estudio buscó explorar percepciones sobre cómo los tribunales y los marcos legales relacionados impactaron la gestión de la violencia sexual en la infancia por parte de integrantes de la familia, e identificar recomendaciones para mejorar su implementación. Los principales hallazgos incluyen:  

• Se percibió que los tribunales aumentan las denuncias y mejoran la prestación de servicios en casos de violencia sexual en la infancia perpetrada por alguna persona de la familia.
• La creación de los tribunales mejoró la coordinación multisectorial y la gestión de casos de violencia sexual en la infancia perpetrada por alguna persona de la familia, aunque persisten brechas en su implementación (ver desafíos).

Los tribunales adaptados para las víctimas han contribuido a una respuesta más estructurada, coordinada y sensible a las personas sobrevivientes ante la violencia sexual en la infancia en Zimbabue. Su presencia ha aumentado la concientización pública, permitido una gestión de casos más eficaz y ayudado a niñas y niños a evitar la retraumatización comúnmente asociada con los sistemas judiciales tradicionales.

Desafíos

• Limitaciones de recursos y accesibilidad: La falta de recursos financieros y humanos impide la implementación total de los tribunales, lo que a menudo obliga a las víctimas a cubrir por sí mismas los costos básicos de servicios legales y de salud. Además, el acceso se limita principalmente a zonas urbanas, dejando desatendidas a las poblaciones rurales y con mayor riesgo.
• Inconsistencias legales: La complejidad del marco legal y político y la legislación contradictoria (especialmente, sobre matrimonio y protección infantil) dificultan su aplicación.
• Énfasis excesivo en el castigo: Los investigadores señalaron que algunas personas participantes expresaron que el sistema de tribunales adaptados ponía más énfasis en castigar a los perpetradores que en proporcionar tratamiento y apoyo a sobrevivientes y oportunidades de rehabilitación para quienes causaron daño [2].

Lecciones aprendidas

• Evidencia: Se necesitan evaluaciones sólidas y datos de monitoreo para comprender los resultados e informar las políticas y la implementación de los tribunales [2, 4].
• Colaboración multisectorial: Mejorar los vínculos entre entidades proveedoras de servicios desde el inicio hasta después del juicio ayudaría a garantizar una respuesta eficaz y de apoyo para las infancias [4].
• Concientización comunitaria: Las comunidades deben conocer el sistema de los tribunales y el marco de políticas de protección infantil [2].
• Reducción de la pérdida de seguimiento: Se requiere mayor coordinación para evitar que las infancias se pierdan en el sistema [4].
• Fortalecimiento de capacidades: Se necesita formación previa y continua para el personal profesional y voluntario para garantizar la implementación estandarizada y de alta calidad de los protocolos y servicios [4].
• Confianza pública: La confianza en el sistema judicial puede fortalecerse mediante sistemas de denuncia accesibles y adaptados a las infancias que garanticen procesos confidenciales, apropiados, profesionales y sensibles al género [4].
• Financiamiento sostenible: La limitada financiación y asignación presupuestaria gubernamental para los tribunales aumenta la dependencia de entidades donantes [4].